Frente a las informaciones de actividad senderista en San Marcos, un grupo de congresistas de la comisión de educación del congreso acudieron a una inspección en dicha universidad para constatar la inexistencia de tales grupos en el interior de esta.
Los congresistas Yonny Lescano y Oswaldo Luizar visitaron de forma sorpresiva a la Decana de América, en la que confirmaron la existencia de problemas del tipo administrativo, más no del tipo terrorista.
Además visitaron la residencia y el comedor, visita aprovechada oportunamente por los dirigentes de dichos lugares para pedir más apoyo, raciones en el caso del comedor y la formalización en el caso de la residencia.
La promesa de estos congresistas fue la rapidez para realizar los informes, presentarlos al congreso e informarlos de la verdadera situación por la que pasa la universidad estatal.
Por otra parte se manifestó tanto del lado de los congresistas como de los estudiantes un rotundo rechazo a una posible intervención militar como ocurrió en los años 80 y 90.
Paralelo a ello, el estado lanzo un decreto supremo en el cual destituye a docentes de colegios que realicen proselitismo a la subversión. Este pedido fue apoyado por el ex director de la policía nacional, general Eduardo Pérez Rocha, quien además pidió se extienda a las universidades, para evitar así un lugar de adoctrinamiento, pero también los excesos del estado como décadas anteriores.
El tema que ha salido a resaltar durante todo este tiempo ha sido el de la Autonomía Universitaria. Las declaraciones en ambos sentidos, tanto de parte del estado como de las autoridades universitarias, han dejado en claro que no van a retroceder en sus argumentaciones.
La universidad se avala en el artículo 18, cuarto párrafo de la constitución
el cual dice:
La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley. Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.
Por su parte, el estado, expresado en la DIRCOTE, dice en la ley antiterrorismo
Número 25475 y los artículos:
Artículo 2.- Descripción típica del delito.
El que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales o contra el patrimonio, contra la seguridad de los edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio, empleando armamentos, materias o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad y del Estado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años.
Artículo 7.- Apología.
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años, el que públicamente a través de cualquier medio hiciere la apología del terrorismo o de la persona que lo hubiere cometido. El ciudadano peruano que cometa este delito fuera del territorio de la República, además de la pena privativa de libertad, será sancionado con la pérdida de la nacionalidad peruana.
Además, el presidente declaró que intentará por todos los medios que estén a su alcance para que mas terroristas dejen las cárceles del país.
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